En los corrillos del mundo judicial colombiano es conocido por todos que no siempre el abogado exitoso económicamente, es el más erudito en el derecho y que en numerosos casos su efectividad obedece a la pericia en manejar relaciones y tranzar acuerdos con los encargados de impartir justicia. De ese actuar se desprende lógicamente que providencias y sentencias judiciales no correspondan a la realidad procesal si no a conveniencias particulares.
Es lamentable que la ciudadanía acuda a los estrados judiciales en busca de dirimir sus conflictos ante la ley y se encuentre con funcionarios que desconocen argumentos y toda clase de alegatos emitiendo fallos en contra de quien le asiste la razón y ha probado su derecho, lo que ocasiona perdida de credibilidad y confianza de la comunidad hacia la rama judicial, de igual manera sucede cuando el funcionario se lava las manos buscando argucias para evitar el estudio de un caso por ejemplo: trasladando un caso a otro despacho invocando supuesta falta de competencia o aduciendo alguna falla de forma para declarar la improcedencia.
En la acción de cumplimiento presentada este año por el suscrito ante un juzgado administrativo del circuito de Cartagena contra la Gobernación de Bolívar por incumplir la ley 743 de 2002, proceso en que se demostró que la entidad acusada no estaba atendiendo las organizaciones de acción comunal en los 45 municipios de ese ente territorial, hasta el punto que el Departamento de Bolívar desde hace muchos años no tiene representación en la Confederación Nacional de Juntas Comunales.
Sin embargo a pesar de que la abogada apoderada de la Gobernación de Bolívar no hizo prácticamente nada, la juez fallo que la gobernación estaba cumpliendo “rigurosamente” con la ley y una magistrada del tribunal administrativo de Bolívar en segunda instancia confirmo tal decisión, en consecuencia Bolívar seguirá con sus acciones comunales desorganizadas y paralizadas por falta de inspección control y vigilancia. Es de anotar que el fallo en derecho hubiese sido adverso al Gobernador (e) de Bolívar, Jorge Mendoza Diago, hermano del actual Fiscal (e) de la Nación, Guillermo Mendoza Diago.
Los servidores públicos cumplidores de sus funciones no deberían ser la excepción a la regla en la sociedad colombiana, y por el contrario los buenos tienen que ser mayoría, solo así el estado colombiano podrá llevar a la realidad sus objetivos contemplados en la constitución, entre los cuales esta el servicio a la comunidad, el sistema judicial así como los demás estamentos de la sociedad colombiana requieren de una reforma, reforma, pero moral de sus integrantes que asegure el blindaje personal del funcionario ante los embates diarios de los agentes de la corrupción.
El análisis anterior permite concluir que en la sociedad colombiana sigue vigente la propuesta planteada por Jorge Eliecer Gaitán hace más de sesenta años; de realizar la “Restauración Moral” al reconocer que el primordial de los problemas de aquella época, era el problema moral, por lo que nos preguntamos: ¿En vez de tantas reformas a las ramas del estado, no será mejor iniciar una cruzada por el restablecimiento de los valores y principios éticos en la sociedad colombiana, que facilite la transformación moral de hombres y mujeres que al final son los encargados de dar cumplimiento a las leyes y conforman las instituciones?
Bernardo Romero Parra
P.U. Comunicación Social Periodismo
Email: coequipo@gmail.com
Es lamentable que la ciudadanía acuda a los estrados judiciales en busca de dirimir sus conflictos ante la ley y se encuentre con funcionarios que desconocen argumentos y toda clase de alegatos emitiendo fallos en contra de quien le asiste la razón y ha probado su derecho, lo que ocasiona perdida de credibilidad y confianza de la comunidad hacia la rama judicial, de igual manera sucede cuando el funcionario se lava las manos buscando argucias para evitar el estudio de un caso por ejemplo: trasladando un caso a otro despacho invocando supuesta falta de competencia o aduciendo alguna falla de forma para declarar la improcedencia.
En la acción de cumplimiento presentada este año por el suscrito ante un juzgado administrativo del circuito de Cartagena contra la Gobernación de Bolívar por incumplir la ley 743 de 2002, proceso en que se demostró que la entidad acusada no estaba atendiendo las organizaciones de acción comunal en los 45 municipios de ese ente territorial, hasta el punto que el Departamento de Bolívar desde hace muchos años no tiene representación en la Confederación Nacional de Juntas Comunales.
Sin embargo a pesar de que la abogada apoderada de la Gobernación de Bolívar no hizo prácticamente nada, la juez fallo que la gobernación estaba cumpliendo “rigurosamente” con la ley y una magistrada del tribunal administrativo de Bolívar en segunda instancia confirmo tal decisión, en consecuencia Bolívar seguirá con sus acciones comunales desorganizadas y paralizadas por falta de inspección control y vigilancia. Es de anotar que el fallo en derecho hubiese sido adverso al Gobernador (e) de Bolívar, Jorge Mendoza Diago, hermano del actual Fiscal (e) de la Nación, Guillermo Mendoza Diago.
Los servidores públicos cumplidores de sus funciones no deberían ser la excepción a la regla en la sociedad colombiana, y por el contrario los buenos tienen que ser mayoría, solo así el estado colombiano podrá llevar a la realidad sus objetivos contemplados en la constitución, entre los cuales esta el servicio a la comunidad, el sistema judicial así como los demás estamentos de la sociedad colombiana requieren de una reforma, reforma, pero moral de sus integrantes que asegure el blindaje personal del funcionario ante los embates diarios de los agentes de la corrupción.
El análisis anterior permite concluir que en la sociedad colombiana sigue vigente la propuesta planteada por Jorge Eliecer Gaitán hace más de sesenta años; de realizar la “Restauración Moral” al reconocer que el primordial de los problemas de aquella época, era el problema moral, por lo que nos preguntamos: ¿En vez de tantas reformas a las ramas del estado, no será mejor iniciar una cruzada por el restablecimiento de los valores y principios éticos en la sociedad colombiana, que facilite la transformación moral de hombres y mujeres que al final son los encargados de dar cumplimiento a las leyes y conforman las instituciones?
Bernardo Romero Parra
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